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Tendrán que informar de los indicios racionales que han permitido a los funcionarios llegar a la conclusión de que la persona ha participado en esos hechos delictivos. Estos indicios según el Tribunal Supremo “que han de ser tenidos en cuenta para la detención pueden obtenerse de criterios de ciencia, por ejemplo derivados de una prueba pericial que establish la realización y participación en un hecho delictivo, o a criterios de experiencia, lógicamente nacidos de la actividad diaria en la prevención y reprensión de hechos delictivos que proporcionan importantes datos experienciales sobre la delincuencia; y, también a criterios de lógica, a través de los que el agente policial puede deducir la existencia de indicios determinantes, en principio, de un hecho delictivo[xxiii]”.

Por ende las narcoextradiciones son un tema delicado puesto que el tráfico de drogas es uno de los delitos que con mayor rigor se persiguen en los diferentes Estados debido al impacto social que generan ya que pueden poner en riesgo la salud de las personas y encierran un alto índice de peligrosidad social.

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Los acusados tienen derecho a la defensa, y los jueces deben garantizar un juicio justo y equitativo.

Para defender un interés público importante, como en el caso de que se pueda perjudicar una investigación o se pueda menoscabar la seguridad nacional del estado miembro. En este caso la información sobre los elementos esenciales no debería incluir aquellas cuestiones que afectan al grado de complejidad o gravedad de los hechos, que puedan dar lugar a una declaración judicial de secreto de la causa, muy singularmente cuando el teacher del atestado tiene intención website de solicitar tal secreto al juzgado[xxxix].

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En esta entrevista con el «Abogado de Narcos«, hemos explorado una perspectiva única sobre la ley de drogas y su impacto en la sociedad. Si bien sus opiniones pueden ser controvertidas, arrojan luz sobre los desafíos legales y éticos que enfrentan los profesionales que defienden a aquellos acusados de delitos relacionados con sustancias controladas.

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Algunas de esas comunicaciones permitidas son precisamente las que se buscan evitar en la máxima seguridad”.

De acuerdo con las investigaciones, la firma forense creó 44 sociedades, 31 de las cuales abrieron cuentas en Panamá para ocultar los dineros dudosos vinculados a esa trama en Brasil.

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Joaquín Pérez, nacido en Cuba pero de nacionalidad norteamericana lleva más de thirty años defendiendo los intereses judiciales de narcotraficantes y narcoparamilitares, entre los cuales hay muchos colombianos. Toma sus casos cuando tienen la justicia en el cuello y sus tarifas para lograr acuerdos con la justicia para no pudrirse en las drásticas cárceles de alta seguridad en Estados Unidos, son sumas astronómicas.

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